PT de Brasil denuncia violaciones del Gobierno de facto en Bolivia

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Gobierno de facto representado por Jeanine Añes en Bolivia / Foto ABI

 

El Partido de los Trabajadores de Brasil (PT) rechazó hoy la persecución del Gobierno de facto de Bolivia a los líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS) y exmiembros del gabinete de Evo Morales.

A través de su cuenta en Twitter, el PT señaló también que el salvoconducto es un derecho previsto en la Convención de Ginebra y las autoridades bolivianas tienen la obligación de garantizarlo.

Desde la autoproclamación de Jeanine Áñez como presidenta interina de Bolivia en el contexto de la asonada golpista, comenzó una cacería por parte de los funcionarios que nombró, entre ellos el ministro de Gobernación, Arturo Murillo.

Este titular dijo que le daría “caza” al ministro de la Presidencia Juan Ramón Quintana y a otros miembros del MAS.
Asimismo, otros exfuncionarios están presos, y algunos como Evo Morales tuvieron que salir del país en busca de asilo político ante las amenazas del régimen impuesto en Bolivia, calificado de golpista y dictatorial.

De acuerdo con un artículo denominado Asilados por México, son rehenes del Gobierno de facto boliviano, firmado por Ernesto Reyes y, al que tuvo acceso Prensa Latina, desde hace más de un mes, un grupo de ex utoridades del gobierno del presidente Evo Morales se encuentran asiladas en la embajada de ese país a la espera del salvoconducto.

Señaló que el grupo de personas en la legación diplomática mexicana -ocho hombres y una mujer- se encuentran en la lista de perseguidos políticos.

Murillo anunció que “iba a ‘cazar’ a los exministros de la Presidencia y Gobierno, Juan Ramón Quintana y Hugo Moldiz, respectivamente; y a Raúl García Linera, hermano del exvicepresidente Álvaro García Linera, a quienes acusó de promover y organizar acciones de sedición y terrorismo contra el “gobierno de transición”.

Reyes enfatizó en su artículo que las exautoridades -seis exministros, un exgobernador, un exviceministro y un exdirector de una entidad – ingresaron a la embajada de México entre el 10 y 11 de noviembre.

Obtuvieron su calidad de asilados el 15 de ese mismo mes, tras la aceptación del gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, quien previamente ya había otorgado la misma condición a Evo Morales, añadió.

“Sin embargo, a pesar del estatus reconocido a las  autoridades, la canciller de facto, Karen Longaric, no termina de emitir los salvoconductos, con el argumento de que contra varios de ellos hay mandamientos de aprehensión por la comisión de delitos vinculados al denominado fraude electoral y terrorismo y financiamiento al terrorismo, extremos que no han sido probados”, aclaró.

La negativa del gobierno de facto de entregar salvoconductos a los nueve asilados es violatoria del derecho internacional público y de manera particular de la Convención de Ginebra, recalcó.

La Convención sostiene que la apertura de una causa judicial posterior al día en que se concedió la calidad de asilado a una persona no causa efecto y no debería impedir que se le dé salvoconducto.

En la sede diplomática, además de Quintana y Moldiz, se encuentran los  ministros de Defensa, Justicia y Minería, Javier Zavaleta, Héctor Arce y Cesar Navarro, respectivamente; el eX gobernador de Oruro Victor Hugo Vásquez, y el exdirector de Gobierno Electrónico, Nicolás Laguna, puntualizó.

De las personas que se encontraban en la embajada de México, solo tres -un exministro de Economía que debe someterse a un control médico delicado y una activista en derechos humanos y su hija menor-, obtuvieron el salvoconducto la semana pasada, precisó.

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